Un poco extrañada he leído la noticia de que Alan Tiburcio, un ciudadano dominicano de 45 años, someterá al Jefe de la Policía Nacional ante la Corte Internacional de Derechos Humanos porque esa institución se ha negado a darle los datos de su nómina.
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Tiburcio tomará esta acción amparado en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), y si bien está en su derecho, ¿por qué someterlo ante la corte de derechos humanos? ¿No está reservado ese tribunal para otras cosas? Esto no lo entiendo, y la noticia no lo explica.
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No se trata esta de la primera vez que Alan pide este tipo de información a organismos gubernamentales y otras entidades. En una ocasión elevó recurso de amparo para que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) le proporcionara toda la información correspondiente a sus contribuyentes y el uso dado a los fondos recibidos. Igualmente emplazó a la Iglesia Católica para que rindiera cuentas del manejo de los fondos que recibe del Estado.
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Está muy bien que se exija el cumplimiento de la citada Ley, pero también vale preguntarse si la misma no se estará convirtiendo en una suerte de relajo. Desconozco si la Ley establece algún requisito o limitante para entregar la información solicitada, pero se supone que esto no es un recurso para pedir datos de manera antojadiza. Después de todo, ¿de qué sirve tener a la mano información de la nómina de cada uno de los organismos que conforman al Gobierno, o de los contribuyentes de tal o cual partido?
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Habrá quien diga que este ciudadano está haciendo lo que no hacen las autoridades, y es posible que sus intenciones sean nobles, pero de todos modos, sería un buen ejercicio tomar la Ley, leerla completa, analizarla y darle el uso adecuado. Se recuerda el caso de Huchi Lora cuando pidió los planos del Metro, solicitud que fue complacida luego de mucho pataleo de ambas partes, pues OPRET se resistía a entregar esa información alegando motivos de seguridad. Me pregunto qué habrá hecho Huchi con esos planos luego de haberlos recibido. ¿Los habrá enmarcado? ¿Los habrá analizado?
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No estoy criticando que se pida información a instancias gubernamentales siempre que sea para darle algún uso útil, y si de casualidad se niegan a dar esa información, entonces proceder a los canales correspondientes para hacer valer el derecho. Lo que no debe permitirse es que se convierta en un relajo.
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