Por fin alguien nos defiende

Después que se hiciera pública la carta que mandaron intelectuales haitianos al presidente Leonel Fernández exigiendo mejores tratos a sus compueblanos que se encuentran aquí en situación ilegal y una definición de la política migratoria, varias figuras de la vida nacional han reaccionado enérgicamente, calificando esta acción de abuso, atrevimiento y descaro.

A las quejas externadas por Vinicio Castillo Semán, el procurador Radhamés Jiménez Peña, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y el vicepresidente Rafael Alburquerque, se ha unido la opinión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien estuvo en estos días por el país a propósito de la segunda reunión de ministros de América Latina (MISPA II).

Insulza coincide con las personas mencionadas más arriba al decir que la comunidad internacional debería reconocer todo lo que hace la República Dominicana por ayudar a su vecino, a la vez que advierte que en realidad no estamos en condiciones para ello. Insulza debe ser una de las pocas personas del ámbito internacional en reconocer que la situación haitiana ejerce un enorme peso sobre nuestros recursos y economía. Debe ser también una de las pocas en admitir públicamente que hay una campaña de descrédito montada contra el país.

Bien por Insulza, Alburquerque, el Cardenal y todo aquel que haya externado su queja y preocupación por algo que a la clara es un abuso de esos intelectuales haitianos, quienes en realidad no tienen derecho a exigirnos nada. Es como he dicho anteriormente, si los haitianos estuvieran tan mal aquí como se alega, entonces ya se hubiesen ido, pues nadie está aquí a la fuerza, ni siquiera los dominicanos.

Lo que lamento en todo este caso es la cantidad de gente -dominicanos, por demás- que se ha aprovechado de las circunstancias para echar leña al fuego a la campañita internacional que hay montada contra el país. Una cosa es dar trato humanitario a todo aquel que llegue a un país, siempre apegándonos a las leyes, y otra totalmente diferente es pretender que un país cargue con la totalidad de los problemas de otro, que es justamente lo que sucede con la RD y Haití.

República Dominicana, siendo una nación libre e independiente, está en pleno derecho de repatriar a los inmigrantes ilegales, de la misma forma en que hacen Estados Unidos, Puerto Rico, España, San Martín y demás países con los dominicanos que están allí en condición de ilegales. Es más, esos países rutinariamente repatrian personas que cumplieron condenas, y nadie puede quejarse porque ese es su derecho.

Es igualmente lamentable que no haya una respuesta más contundente de parte del Gobierno a una situación que claramente se ha salido de las manos.

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Ilustración: El Nacional (Cristian Hernández)