Una Ley muy confusa

Foto: Imágenes Dominicanas

Armados de sombrillas, gorras y camisetas amarillas, varios grupos y numerosos individuos exigen desde noviembre que se cumpla con la Ley 66-97 en lo referente al financiamiento de la educación en República Dominicana.

Siempre haciendo alusión al artículo 197 de la referida Ley (nada menos que la Ley General de Educación), estos grupos, encabezados por la Coalición por una Educación Digna, han hecho llegar su reclamo hasta los oídos del popio mandatario, que la semana pasada se reunió con la Coalición y otros grupos de corte económico y social para discutir la situación. Al final de la misma se presentaron propuestas oficiales que fueron rechazadas, con la consecuencia de que hoy siguen los reclamos, con todo y que ya fue aprobado el Presupuesto para 2011 por la Cámara de Diputados.

Es un hecho indiscutible que la educación en RD debe mejorar. Sin embargo, hay algo que me ha llamado la atención más que el propio debate. Leyendo hoy el artículo 197 de la Ley 66-97 me di cuenta de que el texto es sumamente confuso:

"El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)".

Este artículo habla de un período de dos años, y este es un componente confuso que se puede interpretar de dos maneras. A primera vista parece que la Ley contempla la inversión en educación en base a dos años, pero también puede interpretarse como que esa Ley otorga al Gobierno dos años a partir de 1997 para que ajuste su inversión en educación de manera tal que alcance 4% del PIB o 16% del gasto corriente total, el que se mayor de los montos.

La verdad es que ese texto no está claro, y para colmo abusa de los signos de puntuación, lo que en sí resulta paradójico. Otra cosa, en este debate por el 4% nadie ha mencionado si 4% del PIB es mayor al 16% del gasto público total.

Nunca he entendido por qué las leyes no pueden tener un lenguaje más llano, pues esto confunde a cualquiera.