Foto: Diario a Diario
Los recién pasados comicios presidenciales sacaron a la luz pública uno de los escándalos por corrupción más grande en la historia reciente. El dinero del erario público convertido en lujosas villas, hoteles, torres departamentales, capitales en bancos internacionales y otras inversiones dentro y fuera del país. Son solo algunas de las formas en que se pulverizan los recursos y bienes del Estado.
La sociedad dominicana demanda que se ventilen en tribunales esos casos tan sonados a nivel internacional, pues ante todo la imagen del país sufre al ser catalogado de guarida para saqueadores del erario público y mafiosos internacionales. Hay que tomar acción, sobre todo porque se asume que a este gobierno no le interesa que le acusen de ser cómplice por negligencia en estos casos.
El caso Marbella tiene grandes desafíos por resolver, y no debemos esperar otras elecciones para sacarlo a la luz pública si realmente hubo enriquecimiento ilícito de 1 millón a 900 millones de pesos, según lo publicado por el órgano oficial del partido en el poder en su edición digital más reciente.
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En la medida en que los gobiernos nuestros permitan que funcionarios públicos sigan repartiéndose el botín encontrado a su paso por las arcas del Estado, serán más débiles las instituciones públicas y jamás habrá recursos para aligerar la carga de los más necesitados, los que cada día ven a los políticos con menos credibilidad frente al electorado a la hora de escuchar sus propuestas en tiempos de campaña.
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