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La asociación comercial entre el Estado y el sector privado, la ley del servidor público y el código de ética pública deben ser revisados por el Senado a fin de establecer con claridad una delimitación entre funciones públicas y de socio.
Si el Estado se involucra en adquirir las empresas distribuidoras y/o generadoras de energía, debe plantearse la hipótesis de que en las mentes de los miles de usuarios del servicio está la idea de que esto se hizo para mejorar la situación.
Los esfuerzos por mejorar el suministro de energía a la población lucen distantes hasta tanto no varíe el método que están aplicando en la contratación de bienes y servicios del Estado a particulares. ¿Logrará la última decisión tomada por el Gobierno un cambio en esa dirección?
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