Foto: El Nacional
En un país donde todo se toma a la ligera no es de sorprender que se violen las más elementales leyes y reglas, a veces con con consecuencias desastrosas.
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El comentario viene a propósito de la explosión en la madrugada del jueves de un tanquero que descargaba gas en la planta envasadora Gas León, en San Isidro, incidente que provocó que cientos de personas salieran huyendo despavoridas de sus casas, sin rumbo fijo, con tal de alejarse del lugar.
Como consecuencia de la explosión hubo 18 heridos, además de que puertas y ventanas de negocios y casas del área fueron destrozadas, lo mismo que vehículos, tinacos, parábolas, aires acondicinados, y ni hablar del cableado eléctrico, telefónico y de televisión por cable. Para que se tenga una idea de la magnitud de la explosión, el tanque del camión cayó a más de 150 metros de distancia en una plaza comercial que resultó con puertas y ventanas desprendidas por la onda expansiva de la explosión.
Lo que más ha llamado la atención de este caso es la revelación de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) en el sentido de que el permiso de construcción para esa planta envasadora de gas había sido negado en 2002. Peor aún, DIGENOR alega que el permiso se pidió después se haberse construido la planta, es decir, cuando ya era muy tarde, lo que pone en evidencia el poco respeto que hay hacia las regulaciones y leyes del país.
Sobra entonces la pregunta: ¿De qué sirven las regulaciones, si no se ponen en práctica?
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