No tiene sentido

El sistema eléctrico nacional es quizás el que más recursos recibe anualmente, pero al mismo tiempo es el que peor desempeño tiene. Todos los meses el gobierno se ve en la obligación de buscar una millonada con tal de que no se apague el país por completo, pero ello no ha impedido que haya apagones largos y frecuentes ni ha garantizado precios competitivos ni estabilidad de ningún tipo.

A finales del mes pasado se anunció un aumento de 8% en la tarifa, aumento justificado sobre la base de un petróleo que se cotiza cada vez más caro en los mercados internacionales. Ese aumento, según algunos analistas, realmente ha sido de 19% en los últimos seis meses, y si bien la variable del petróleo es una que no se controla a nivel local, la cosa irrita mucho más porque el precio de la energía en República Dominicana por kilovatio es el más alto de toda la región. Peor aún, como ya había mencionado más arriba, el servicio no es ni remotamente de calidad, aún cuando se tenga la dicha de estar en supuestos circuitos de 24 horas.

El sistema energético nacional traga tantos recursos que el gobierno ha tenido que recurrir a otra medida, anunciada en esta semana: recortar 12% del presupuesto de entidades gubernamentales (exceptuando Educación, Salud y Justicia) para este año con tal de mantener a los intermediarios energéticos contentos. Eso no tiene sentido, de la misma manera que no tiene sentido estar subsidiando la energía a los pobres del país, que son muchos.

Es este mecanismo del subsidio lo que hace que la tarifa llegue tan elevada a sectores de clase media y clase alta, pero sobre todo a sectores de clase media, pues entre la clase alta el robo energético es casi tan común como en las clases más pobres, al decir de los propios ejecutivos de la Corporación de Empresa Eléctricas Estatales (CDEEE).

La energía en este país debería funcionar de la misma forma en que lo hacen los servicios de teléfono, celular, internet y televisión por cable: con tarifas que varían según el plan y que no se fijan en base a clase social (es decir, cero subsidio), y algo muy importante: en caso de que el usuario no pague, cero servicio hasta nuevo aviso.