En su edición de ayer, el Listín Diario publicó un reportaje en base a un estudio realizado por Ros Consulting que da cuenta de como el 92% de las empresas dominicanas contrata personal extranjero, a quienes suelen darles un tratamiento excepcional que incluye cobertura de gastos de mudanza, facilidades para viajar al país de origen y beneficios de adaptación para el empleado y su familia.
Esta práctica, que supuestamente es realizada con la finalidad de aprovechar los conocimientos del extranjero e inculcar sus valores a la fuerza laboral nativa, va en detrimento de miles de dominicanos profesionales que están en capacidad de hacer esos trabajos. Parece mentira, pero es una realidad que se da sobre todo en el sector privado, en especial en zonas francas, bancos y franquicias.
La principal queja de los dominicanos es que los trabajos están escasos, los horarios son brutales y los salarios del sector privado no son competitivos. Sin importar que una persona sea profesional y además cuente con estudios de postgrado y/o maestrías, un salario "bueno" a veces no pasa de los 25 mil pesos mensuales. Y si la persona no tiene experiencia, que se olvide, le va a dar mucho trabajo que alguien se digne en contratarla. Mientras tanto, estos extranjeros vienen aquí y les ofrecen puestos de alta gerencia, muchas veces sin tener conocimientos claros del país.
Una experiencia de este tipo la tuve en el desaparecido banco Altas Cumbres (comprado por Scotiabank), donde se me contrató como analista financiero en el año 2004 con un sueldo de 12 mil pesos. En cambio, mi jefe, que era chileno, devengaba 5 mil dólares al mes, más todos los beneficios adicionales que recibía (tómese en cuenta que la tasa del dólar rondaba el 50 x 1 en ese momento). De paso, sus conocimientos respecto a la realidad económica de este país eran prácticamente nulos (pretender comparar un banco de ahorro y crédito con uno múltiple da una idea).
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Sería interesante estudiar las leyes laborales para ver si estas prácticas incurren en alguna violación. Igualmente, la Secretaría de Trabajo debería estudiar el fenómeno, lo mismo que Industria y Comercio y otras dependencias relacionadas al tema.
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