¿Será por temor a los vándalos "Dueños del País"?
No es que seamos escépticos con la puesta en marcha de los trabajos de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, pero si algo resulta beneficioso para un Gobierno es que sus acciones cumplan su cometido.
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Para nadie es un secreto que el Metro de Santo Domingo es un paso de avance a la solución del caos del tránsito en la provincia, pero sin el complemento de las rutas alimentadoras es algo a medias y su beneficios a medias por igual.
En una zona altamente poblada y de tan bajo poder adquisitivo resulta atractivo un servicio de transporte como el Metro: cómodo, a precio razonable y seguro. Solo para poner un ejemplo, desde Los Alcarrizos salen hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD cuatro mil estudiantes y su único punto de transfer lo será de tren a tren en la estación Juan Pablo Duarte del Centro Olímpico.
El gobierno necesita con urgencia abocarse a la solución de tan grave situación que dificulta el inicio de las rutas recolectoras de usuarios del tranporte masivo en el más moderno medio de transporte con que cuenta el país. Es por falta de rutas alimentadoras que la mayoría de los residentes en las periferias de la provincia y los barrios que bordean el Distrito Nacional continúa utilizando los servicios de transporte de los dueños del país, quienes penetran en los confines de los barrios hasta llevarlos a su destino. Ahora mismo a los usuarios mas distantes no les resulta rentable usar el metro.
Si el Gobierno pretende llevar la segunda línea del Metro desde la entrada de Los Alcarrizos a la Máximo Gómez, sin penetrar en la masa de usuarios del transporte residente en los más de sesenta seis barrios del municipio, sin contar los residentes en otros tantos sectores de dos municipios colindantes y parte del distrito nacional en toda la parte oeste, tendría una explicación a la propuesta inicial planteada por la Oficina para el Reordenamiemto del Transporte (OPRET) desde que se concibió la idea de este proyecto.
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Necesitamos un Metro con guaguas para llevar a su destino la mayor cantidad de usuarios posibles sin pago adicional para que el Gobierno no se arrepienta de realizar obras de grandes inversiones con muy bajo nivel de retorno para la sostenibilidad.
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