Como para no perder la forma, representantes de granceras, aquellas compañías que secan ríos mediante la extracción de materiales, piden una prórroga al plazo de 90 días impuesto en agosto pasado por el entonces secretario de Medio Ambiente Max Puig.
Se recuerda que la extracción de materiales de cuencas y riberas de ríos hace un daño terrible al ecosistema y medio ambiente en general, pues a partir de la debilitación del río se desecadenan una serie de consecuencias: evaporación del agua, contaminación de aguas subterráneas, erosión de tierras agrícolas en predios aledaños, comportamiento errático del río (crecidas súbitas, estiajes más pronunciados). Con el tiempo esta situación deriva en extinción de flora y fauna del lugar, imposibilidad de sembrar la tierra, desempleo, aumento de la miseria y migración.
Un vistazo al río Nizao y otros que han sido abusados por esta actividad es suficiente para comprender la importancia de la medida. Pero como suele suceder, hay gente a la que estas cosas poco les importa. Mientras se hacen de un dinero, el país va quedando poco a poco sin fuentes acuíferas, lo incide directamente en el suministro de agua potable a la población. Quienes más sufren son los pobres, pero a este ritmo, todos vamos a sufrir de escasez de agua.
Esta petición de extender el plazo no es nada raro desde el punto de vista de que tal actividad se ha convertido en costumbre. En este país las autoridades establecen un plazo para lo que sea, y pocos días antes de expirar sale un gracioso pidiendo prórroga. Es hora de dar el ejemplo y rechazar la petición.
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